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lunes, abril 28, 2025
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Guarayos determina ejercer su derecho a la legítima defensa y da plazo al Gobierno para activar la Comisión Agraria

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Este miércoles se realizó un cabildo en Guarayos en rechazo a los avasallamientos en esta provincia que se declaró rehén de los traficantes de tierras y acusan al Gobierno de entregar territorios como botín político

Cinco determinaciones fueron asumidas la noche de este miércoles en el cabildo celebrado en la provincia cruceña de Guarayos ante los violentos y frecuentes avasallamientos que sufre en el departamento de Santa Cruz y en particular esta región. Además acusaron al Gobierno de entregar tierras como botín político y de llevar milicias armadas al sector.

El presidente cívico de Guarayos, Salvador Vaca, acusó al Gobierno de no hacer funcionar la Comisión Agraria porque “ellos decidieron entregar nuestra tierra como botín político solo a su gente, a gente que no es del lugar”.

DETERMINACIONES DEL CABILDO

El primer punto consultado y aprobado en el cabildo fue: “Está usted de acuerdo en declarar que somos una sociedad secuestrada por grupos armados irregulares, que no respetan ni la constitución ni la ley, y por consiguiente declaramos ante el mundo que somos una sociedad y una nación rehén de traficantes de tierra que dicen ser del partido del Gobierno”.

En la segunda determinación aprobada por el cabildo indica que como originarios y trabajadores del campo del lugar ejercerán “su derecho a la legítima defensa en proporción a la agresión de acuerdo a los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios”.

También agregaron que apresarán a los avasalladores para entregarlos ante la justicia. En el tercer punto exigieron a la justicia una comisión de jueces y fiscales permanente que procesen los casos de avasallamiento hasta conseguir una condena.

El cuarto punto señala que dan un plazo hasta el 30 enero de 2023 para que el Gobierno viabilice la comisión agraria departamental.

En el quinto punto señalan que acatarán las determinaciones del Comité pro Santa Cruz.

Fuente: Unitel

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Este miércoles se realizó un cabildo en Guarayos en rechazo a los avasallamientos en esta provincia que se declaró rehén de los traficantes de tierras y acusan al Gobierno de entregar territorios como botín político

Cinco determinaciones fueron asumidas la noche de este miércoles en el cabildo celebrado en la provincia cruceña de Guarayos ante los violentos y frecuentes avasallamientos que sufre en el departamento de Santa Cruz y en particular esta región. Además acusaron al Gobierno de entregar tierras como botín político y de llevar milicias armadas al sector.

El presidente cívico de Guarayos, Salvador Vaca, acusó al Gobierno de no hacer funcionar la Comisión Agraria porque “ellos decidieron entregar nuestra tierra como botín político solo a su gente, a gente que no es del lugar”.

DETERMINACIONES DEL CABILDO

El primer punto consultado y aprobado en el cabildo fue: “Está usted de acuerdo en declarar que somos una sociedad secuestrada por grupos armados irregulares, que no respetan ni la constitución ni la ley, y por consiguiente declaramos ante el mundo que somos una sociedad y una nación rehén de traficantes de tierra que dicen ser del partido del Gobierno”.

En la segunda determinación aprobada por el cabildo indica que como originarios y trabajadores del campo del lugar ejercerán “su derecho a la legítima defensa en proporción a la agresión de acuerdo a los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios”.

También agregaron que apresarán a los avasalladores para entregarlos ante la justicia. En el tercer punto exigieron a la justicia una comisión de jueces y fiscales permanente que procesen los casos de avasallamiento hasta conseguir una condena.

El cuarto punto señala que dan un plazo hasta el 30 enero de 2023 para que el Gobierno viabilice la comisión agraria departamental.

En el quinto punto señalan que acatarán las determinaciones del Comité pro Santa Cruz.

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El presidente cívico de Guarayos, Salvador Vaca, acusó al Gobierno de no hacer funcionar la Comisión Agraria porque “ellos decidieron entregar nuestra tierra como botín político solo a su gente, a gente que no es del lugar”.

DETERMINACIONES DEL CABILDO

El primer punto consultado y aprobado en el cabildo fue: “Está usted de acuerdo en declarar que somos una sociedad secuestrada por grupos armados irregulares, que no respetan ni la constitución ni la ley, y por consiguiente declaramos ante el mundo que somos una sociedad y una nación rehén de traficantes de tierra que dicen ser del partido del Gobierno”.

En la segunda determinación aprobada por el cabildo indica que como originarios y trabajadores del campo del lugar ejercerán “su derecho a la legítima defensa en proporción a la agresión de acuerdo a los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios”.

También agregaron que apresarán a los avasalladores para entregarlos ante la justicia. En el tercer punto exigieron a la justicia una comisión de jueces y fiscales permanente que procesen los casos de avasallamiento hasta conseguir una condena.

El cuarto punto señala que dan un plazo hasta el 30 enero de 2023 para que el Gobierno viabilice la comisión agraria departamental.

En el quinto punto señalan que acatarán las determinaciones del Comité pro Santa Cruz.

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