Con declaraciones de testigos oídas, las cuales fueron “engarzadas”, un juez federal consideró que hay elementos que hacen presumir que cuatro militares tuvieron algún nexo con el grupo criminal Guerreros Unidos, además de responsabilidad en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el expediente del auto de formal prisión se detalla que los testigos protegidos aseguraron que se enteraron o sabían que recibían protección tanto de policías, autoridades y militares
Para Enrique Beltrán Santes, juez Segundo de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, las declaraciones “engarzadas unas con otras, permiten obtener una verdad, pues cada una de ellas tiene su propio papel incriminador, que aisladas no llegarían a la conclusión buscada”.
En la resolución donde sujetó a proceso al general José Rodríguez Pérez, por el probable delito de delincuencia organizada, así como al capitán José Martínez Crespo, al subteniente Fabián Alejandro Pirita y al sargento Eduardo Mota Esquivel por delincuencia organizada y desaparición forzada, el juez consideró que existía una colusión de estas personas con los criminales.
Por ejemplo, el juzgador señaló, a partir de declaraciones de testigos, que Martínez Crespo y Mota Esquivel, junto con otras personas privaron de la libertad a 43 estudiantes, todo ello derivado del acuerdo que tenían con Guerreros Unidos para defender la “plaza» del ingreso de los “contras”, tras la disputa de territorio declarada por El Necho, conocido como El Señor de la I.
Además, se toman como base declaraciones de integrantes del 27 de Batallón de Infantería sobre lo que vieron el 26 de septiembre de 2014, fecha cuando los normalistas fueron atacados frente al Palacio de Justicia de Iguala; sin embargo, como los soldados no actuaron para defender a los normalistas, se consideró que José Rodríguez Pérez, entonces coronel del citado Batallón tenía un acuerdo previo con el grupo delictivo, debido a su omisión.
