Un fiscal solicitó este lunes una pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en el juicio oral que se le sigue por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era mandataria.
El fiscal Diego Luciani pidió además que Fernández, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015, sea inhabilitada a perpetuidad para desempeñar cargos públicos.
En el proceso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz.
Luciani también solicitó diversas penas para Lázaro Báez, el exministro de Planificación Julio De Vido y otros exfuncionarios kirchneristas.
Cuándo comenzó el Juicio
El juicio se inició el 21 de mayo de 2019, contó con más de un centenar de testigos y debió ser suspendido temporalmente en 2020 por la pandemia de COVID-19.
La vicepresidenta Cristina Fernández, de 69 años, fue sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos en sus dos períodos presidenciales (2007-2015), pero aún enfrenta cinco procesos.
En octubre pasado se desestimó una causa en la que se acusaba a la exmandataria de encubrir a los responsables del atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires, ocurrido en 1994 y que dejó 85 muertos y 300 heridos.
Gobierno argentino condena «persecución judicial»
El Gobierno de Argentina condenó la «persecución judicial» a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, tras el pedido fiscal.
«El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada ‘causa Vialidad'», dijo la Presidencia en un comunicado.
Según el Ejecutivo de Alberto Fernández, la «persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita y la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada» son «aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal» en el estado de derecho.
«Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno», señala el comunicado.
El Gobierno reiteró su «adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la Justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley» y dijo que «seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas».
