La conciliación promovida por los operadores de justicia para disminuir la población carcelaria y evitar la mora procesal, según abogados del área penal, en la mayoría de los casos resulta una acción obligada para las víctimas de delitos de robo o estafa que prefieren recuperar de manera parcial el patrimonio afectado, antes que perder la totalidad de lo afectado por la falta de investigación de la Fiscalía y de la Policía.
“Desde la promulgación de la Ley 1173 de abreviación procesal se promueve la conciliación entre partes, en casos de orden patrimonial —robo o estafa— se tiene el fin de hacer menos punitiva la justicia y promover que los ciudadanos lleguemos a una convivencia más pacífica; esto es sólo un verso en teoría. Lo real es que las víctimas se ven obligadas a ir por esta figura legal antes de perder la totalidad del valor afectado en su patrimonio, objetos, dinero o su integridad física (atención médica)”, explicó la abogada litigante en el área penal en la ciudad de El Alto Mónica Fernández.
La jurista señaló que “en poco tiempo” se podrá verificar que debido a los altos índices de corrupción en la Policía, la Fiscalía y los juzgados estas conciliaciones generaran inseguridad ciudadana.
«Muchos delincuentes buscan y logran la conciliación cuando son sorprendidos y detenidos. Al salir de la cárcel, en lugar de seguir una conducta reformada, al contrario, continúan delinquiendo con la idea de que si son detenidos pueden arreglar con la víctima”, cuestionó Fernández.
No obstante, Ramiro Carrillo otro jurista del área, precisó que la conciliación sólo se puede cursar por una sola vez en una “familia de delitos”, por lo que la ley no permite la reincidencia impune de los delincuentes y el “arreglo amistoso” queda registrado en el Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap).
Sin embargo, el jurista admitió que debido a las falencias de los operadores de justicia y la falta de orientación legal de las víctimas, los casos no culminan con la anotación de los antecedentes del delincuente, pues una vez que concluye la negociación económica las partes no se preocupan por verificar que el caso sea sistematizado.
La abogada Jhandira Urquidi, quien ejerce en la ciudad de Santa Cruz, apuntó que otro factor que va en desmedro de una “justicia real, para las víctimas” de delitos como robos agravados o estafas, es la falta de recursos en la Policía.
